Definitivamente el gobierno aprista puede acabar mal o mejor dicho podemos acabar mal nosotros si su insensatez prolija para gobernar prosigue en marcha.
Al derroche fiscal que prepara, so pretexto del plan anticrisis, en lo social se viene actuando cual facho en el gobierno ya que a la fecha ya son mas de 600 dirigentes que vienen siendo procesados por manifestar sus cuestionamientos de toda índole frente al gobierno mientras la prensa oficial y oficiosa silencia estos hechos.
Entre los procesados según la Primera se encuentra Luis Zegarra, presidente del frente de defensa de Madre de Dios, uno de los procesados por el incendio del local del gobierno regional durante el paro nacional, cívico y popular del 9 de julio, enfatizó que “el gobierno recurre a prácticas propias de las peores dictaduras”. Zegarra, quien es enjuiciado junto a otros 32 dirigentes de la Alianza de Federaciones e Indígenas de Madre de Dios, Aidesep y la CGTP, negó cualquier participación en actos violentos, y denunció que lo persiguen por discrepar del gobierno.
Alrededor de 300 pobladores de los distritos del Alto Piura enfrentan los cargos de terrorismo por el solo hecho de proteger su comunidad y su medio ambiente de la minera Río Blanco, ahora vendida a un grupo transnacional chino. Javier Jhancke, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, señaló que la intención de la minera y el gobierno es amedrentarlos, para lo cual no dudan en usar “decretos inconstitucionales” que criminalizan la protesta.
En esta larga lista también se encuentran 54 procesados en Tambogrande, Piura, por defender el medio ambiente, 40 procesados en Tacna por defender el derecho al canon minero, 2 indígenas de la comunidad de Andoas, Loreto, detenidos injustamente por enfrentar a la empresa Pluspetrol y 12 dirigentes de Pichanaki de la Cumbre Amazónica por protestar contra los decretos legislativos lesivos contra la selva.
Como vemos en la mayoría de los casos ni siquiera se trata de ciudadanos con una voluntad política definida (que desde luego tampoco es un delito) sino de personas que se manifiestan por reivindicaciones locales.
Y es que cualquiera que se manifieste en contra de algún acto doloso de parte del gobierno pareciera ser visto una amenaza, no tengo duda que a este ritmo las próximas victimas sean los bloggers.
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